Policy brief 1: del malestar al desencanto

En Chile en las recientes elecciones presidenciales de noviembre de 2021, donde prácticamente se produce un empate técnico en el Senado y una reversa total de la votación del proceso constituyente anterior, la situación es un poco más aliviada en relación a la pandemia, pero es angustiosa en la macro zona sur, por causa de la guerrilla mapuche. No son todos los mapuches, hemos de aclararlo. De acuerdo a datos extraoficiales, se trata de un grupo armado que lleva una extensa temporada desde hace ya una década incendiando camiones, escuelas, iglesias, casas y últimamente se ha cobrado víctimas civiles en la VIII y IX región.

Es justamente en la reciente elección de noviembre donde hemos visto la contraola. El nuevo Senado refleja el descontento hacia los sectores que hacía nada pedían cambios radicales en la conducción del Estado, pero que, en rigor, adoptaron prácticas políticas viciosas que deslegitimaron sus críticas frente al Estado en meses. En tanto, en la cámara de diputados reina la fractura. Igual que en Argentina. El blandir de la limpieza moral de la Lista del Pueblo (nuevo grupo político antisistema) o una campaña electoral “trucha” de una candidata a senadora, así como el discurso que la nueva ola política tenía una legitimidad por su falta de vicios, no resistió la prueba de la blancura. El caso de Chile ofrece mayores incertezas, no solo por los efectos de la rebelión del 2019 que costó U$ 750 millones por daños a la infraestructura pública y otros U$ 380 millones por los ataques e incendios en estaciones de metro. Sin embargo, el mayor costo, radica en la ruptura político social.

Esta última reflexión también le pertenece al casi medio millón de personas que entró en zona de pobreza producto del desempleo o la ruina de sus negocios y medio millón más, que entró derechamente en la extrema pobreza[1].  Y he aquí una similitud con Argentina. En el caso chileno, también perteneció a las provincias el remezón causado por un frente, el Partido de la Gente, el que se ubicó como ganador en la zona cuprífera norte del país. Una contraola, que, si se quiere, demuestra la existencia una corriente disruptiva en el sistema, que ya tiene representación parlamentaria.

En el caso del Perú, la situación de malestar, tras una seguidilla de gobiernos que se desmoronaron en reiteradas ocasiones producto de la corrupción, terminó trágicamente con el suicidio de uno de ellos: Alan García. Pero no es solo el caso Lava Jato. Acusados de toda clase de malversaciones, uso indebido de caudales públicos, desde la presidencia de Toledo a la de Vizcarra, no hay presidente peruano que esté descansando en su casa, sino en la cárcel. La petición del Congreso peruano la semana pasada de dejar el cargo de presidente vacante en Perú es la advertencia final a un gobierno popular/ populista que en 4 meses no ha logrado siquiera iniciar su gobierno. Y de salir Castillo de la presidencia, ¿cree alguien que el próximo presidente electo va a ser un político de izquierda?

Dejamos a Bolivia para el final, porque tal como se expresa en las cifras, se trata del país más debilitado tras 14 años de gobierno de partido único prácticamente y del que menos se habla en el exterior. El dramatismo boliviano, ha cobrado vida en el fraude electoral de 2019, hecho que ha sido reconocido por la OEA y la Unión Europea, y se ha empecinado con la huida de Evo Morales precisamente a México, donde AMLO lo cobijó por largos meses. Tanto la huida de Morales, como su solicitud de refugio en Buenos Aires, a cargo en los primeros meses del gobierno de Fernández, solo trajeron pesar para México y Argentina. Donde Evo pisó, Evo la complicó. La reciente declaración de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú este 22 de noviembre en

la que declara persona no grata al ex mandatario y pide al Perú evitar su ingreso, es la señal más lamentable del activismo político “en claro perjuicio de los intereses del pueblo peruano”. Qué duda cabe que el hecho no solo es inédito, sino impensable entre dos países que forman parte de la Comunidad Andina y comparten una enorme cantidad de lazos políticos y culturales.

En Bolivia converge la violencia en forma sistémica y más recientemente, un llamado a la federalización del Estado.

Dejando como excepcional el año 2019-2020 de Jeanine Añez, su gobierno no logró detener la inercia de la izquierda. Parapetada en México, Venezuela y Cuba, la clase política vinculada al MAS retornó desde el exilio a cobrar con creces la renuncia de Evo Morales. La pugna por el poder ha encarnado en Bolivia lo peor de la política, asociando la pérdida del Estado de Derecho. Cuestión, que hemos de admitir, la región toda ha visto sin siquiera conmoverse ni por la prisión preventiva sin prueba alguna de la Ex presidenta Añez, pero también de casi una centena de políticos que como en los peores años de las dictaduras militares están hoy en el exilio. En consecuencia, el federalismo es expresión de un hastío en el Oriente (Santa Cruz y Tarija), pero también una repulsa de la occidental Potosí), una narco republiqueta en la zona de Cochabamba, epicentro del evismo en las federaciones de cocaleros. A lo anterior, hay que sumar que el presidente Luis Arce, en menor medida que Luis Castillo de Perú, tampoco ha logrado echar a andar la recuperación económica del país. Por ello, la federalización del país emerge como la salida legítima de las regiones. Esta última cuestión, que de por sí representa un cambio total en un Estado unitario latinoamericano desde la Emancipación, ha pasado desapercibida. Bolivia, no llega a esto por buscar el mejor manejo de los recursos, sino porque concluye que es necesaria una modificación estructural del Estado. La reacción federalista sería así expresión del temor de los departamentos bolivianos ante el avallasamiento de las tierras de cultivo y los parques naturales; en el caso de Potosí de la ausencia de Estado.

Para quienes hemos visto de cerca el proceso, la verdadera plaga del país, el narcotráfico, se enquista cada día más en el sector público, corrompe y adultera el fin último de la democracia: el bienestar de las comunidades indígenas, que, institucionalizadas a través de la constitución, ven delante de sus ojos la quema de sus tierras y el asentamiento de cultivo de coca excedentaria para la fabricación de cocaína. Si alguien pensó que poner la plurinacionalidad en la constitución serviría de algo en Bolivia, la verdad es contradictoriamente la opuesta. La aymarización del oriente boliviano, de la mano del partido de gobierno, es un desastre antrópico de proporciones para las comunidades chiquitanas, guaraníes, mojeña o guaraya. Denunciarlo es un deber.