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Policy brief 1: del malestar al desencanto

  • diciembre 30, 2021

Dra. Loreto Correa Vera/ANEPE
Del malestar al desencanto en las democracias latinoamericanas durante la segunda década del siglo XXI. Un enfoque desde América del Sur.

INTRODUCCIÓN

Uno de los problemas más complejos de revisar en América Latina son los cambios de signo ideológico que experimentan los Estados. Estos han ocurrido de manera ininterrumpida desde el proceso mismo de independencia de las metrópolis europeas. Sin embargo, quizás lo más novedoso de lo que viene ocurriendo en la región en el siglo XXI, es que estos ciclos se van haciendo cada vez más cortos, por un lado, y cada vez más inconducentes. Hablar hoy de políticas de Estado, interés nacional, temas permanentes de atención de los Estados, resulta ser casi como pensar en la estratósfera. Las demandas sociales, la inclusión social, el discurso reivindicativo amparado en la convicción de la creencia en la democracia atraviesan en todos los países de la región por momentos difíciles de comprender.

Por ello, en esta ocasión quisiera responder la duda sobre en qué ciclo vamos y si podemos esperar algo en materia de gobernabilidad en 4 países: Perú, Bolivia, Chile y Argentina.

Entendiendo que se trata de países que tienen permanentemente estos cambios de signo político, y que se enfrentan hoy, a partir de la pandemia a problemas de enorme magnitud política, quizás y esta es mi hipótesis, a un momento histórico que tiene poco que ofrecer en materia de acuerdos, pero sí tiene muchas demandas que cubrir a partir de la pandemia.

Se remitirá a los elementos presentes en cada uno de los países para dar una explicación final de conjunto que permita comprender el ciclo que se termina y el que da inicio.

Algunas premisas teóricas y demográficas:

Para quienes hemos tenido la oportunidad de criarnos cerca del mar, sabemos que con el mar no se juega y tampoco se puede despreciar el poder que tiene. Hay un fenómeno del mar, el de la ola y el de la contraola que suele, a quienes no conocen la “rutina” del movimiento, sorprenderles.  Justamente parece que es este fenómeno el que ha aterrizado en la región y el que lleva varios lustros sino décadas afectando a los países. Así, aparece una ola de querer refundarlo todo y luego viene una contraola de realismo que pone las cosas en perspectiva y permite un reequilibrio. Es posible que con esta analogía podamos explicar los hechos, pero lo que no se logra apreciar es el sustrato que trae cada ola y contraola o dilucidar por qué estos ciclos son cada vez más breves.

La restauración democrática en los años 90, puso fin a un extenso período de gobiernos autoritarios. Dentro de los legados de este período, hubo dos elementos que permanecieron por mucho más tiempo en estos países. El primero de ellos, el acatar las disposiciones de autorregulación racional de los Estados en materia financiera, a partir de las observaciones del Fondo Monetario Internacional o lo que se ha dado en llamar el Consenso de Washington.  En ese contexto, se observaba como esencial que los países salieran del atasco del subdesarrollo. Para ello América Latina debía seguir un conjunto de recomendaciones que permitieran una lógica de cambio sustentable en el tiempo.  A partir de su interpretación de la condicionalidad impuesta por el FMI en la asignación de sus créditos y ayudas durante la década de los ochenta, se definieron diez recomendaciones de política económica. Así se impuso una taxonomía: 

1.    Disciplina fiscal, en cuanto a reducir y evitar grandes déficits en las cuentas públicas.
2.    Focalización del gasto público en subsidios dirigidos a los más pobres -incluidos aquellos destinados a la salud primaria y a la educación escolar- y en infraestructura, descartando subsidios universales.
3.    Ampliación de la base tributaria, aplicación de un impuesto al valor agregado y reducción de las tasas marginales del impuesto a la renta.
4.    Tipos de cambio competitivos1.
5.    Apertura al comercio internacional, con particular énfasis en la eliminación de las restricciones no arancelarias a las importaciones (cuotas, depósitos previos, tipos de cambio múltiples) y en la aplicación de aranceles bajos y parejos.
6.    Apertura a la inversión extranjera directa.
7.    Privatización de empresas públicas.
8.    Desregulación de mercados, fomentando la libre competencia con especial cuidado en no desechar regulaciones prudenciales a los mercados financieros y otras a favor de la protección del medio ambiente.
9.    Liberalización de las tasas de interés.
10.    Fortalecimiento de los derechos de propiedad (certeza jurídica).

En este marco, regionalmente se acató, pero no se aceptaron algunas de estas recomendaciones. Cuestión que con el tiempo se conectó con la crítica social al sistema y, sobre todo, a los costos culturales políticos que ello reportaba. Así, la disciplina fiscal implicaba acabar con el cuoteo político, la focalización del gasto público, evitaba los elefantes blancos, no siempre atendió a los más desposeídos. Tampoco fue fácil ampliar la base tributaria toda vez que los grupos de interés económico y las grandes fortunas de los países fueron firmes detractores de pagar impuestos o incluso inventaron mecanismos para eludir el pago de los mismos. En ese marco, la apertura de los mercados encontró formulas complejas de funcionamiento porque justamente fueron los más adinerados quienes generaron los joint ventures o insignes monopolios con multinacionales. No en todos los casos, además se libró una batalla de libre competencia real. A veces, vastos sectores de la minería y los transportes no pudieron con las fórmulas de negocio más evolucionadas. También es cierto que los países no invirtieron en la preparación de clases medias aptas para los grandes negocios y las licitaciones. Entonces la desregulación de los mercados fue, en muchos casos, un deseo más que una oportunidad. Y lo propio con las tasas de interés, que aun cuando bajaran, solo eran asequibles a parte de la sociedad y no a las clases medias o más frágiles. Si a eso sumamos las garantías en vastos rubros sobre el derecho de propiedad, minera, pesquera o incluso hídrica, el resultado obviamente que no fue más igualdad social, sino abisales brechas y asimetrías.

¿Fue responsabilidad de las regulaciones o de los Estados su deficiente implementación? No parece que a estas alturas quepa echarle la culpa al empedrado. Si tras tres décadas y en democracia los países no fueron capaces de corregir estos dilemas, es que francamente los sistemas políticos carecieron de la responsabilidad para comprender las implicancias del marasmo en el que se podía incurrir.

Y este es justamente el mea culpa que la “calle” latinoamericana le hace al Estado hoy.

Pero aquello no fue lo único, había un segundo tema al que no se quería volver: el de la aceptación de cláusula democrática.  En la Declaración de Québec (abril de 2001), los Presidentes y Primeros Ministros de la Región, reunidos durante la III Cumbre de las Américas, reafirmaron su compromiso compartido con la democracia, e instruyeron a sus Ministros de Relaciones Exteriores para que prepararan una Carta Democrática Interamericana con el fin de reforzar los instrumentos de la OEA que ya existían en materia de defensa de la democracia representativa.   Los instrumentos que existían en ese momento eran: la Carta de la OEA (1948); el Protocolo de Cartagena (1985); la resolución de la Asamblea General AG/RES. 1080 (XXI-O/91) adoptada en Santiago, Chile, en 1991; y el Protocolo de Washington (1997).

¿Quién podía estar en desacuerdo con esta idea a fines del siglo XX y tras los efectos en materia de derechos humanos en América Latina? Nadie.

La invocación a la democracia representativa como valor esencial, sin duda es un principio esencial para todos los países occidentales. Sin embargo, lo que no se entendió tan fácilmente es que la democracia, debía ser “representativa”. Así, realmente han sido muchos los sectores que han avanzado en su presencia en los esquemas políticos, pero a una velocidad directamente inversa de las demandas sociales que se instalaron con su defensa. Dicho de otro modo, indígenas, mujeres, sectores sociales pauperizados, nuevos movimientos sociales, minorías étnicas, sexuales y un sinfín de gentes progresivamente pasaron de manifestar su malestar, a gritar su rabia ante un sistema que no escuchaba. Si además de ver lo cualitativo vemos el aumento demográfico en estos países, la situación exhibe cambios notorios. En tres décadas, Argentina y Bolivia casi duplicaron su población, en tanto que Chile con Perú, aumentaron 1/3 de población. En consecuencia, si las necesidades eran unas al inicio del proceso democrático en 1990, hoy, existen 39 millones de personas más en estos cuatro países que tienen menos 30 años; más de un tercio de estas personas no tienen representación política directa.

La afirmación respecto de que la democracia es y debe ser la forma de gobierno compartida por los pueblos de las Américas y que ella constituye un compromiso colectivo de mantener y fortalecer en el sistema democrático de la región, tampoco fue comprendida del todo. Una porque los regímenes presidenciales en cada una de estos países han experimentado crisis en las que no siempre se propició un cambio de circunstancias, otra, porque los actores indígenas pasaron a jugar un rol en la conflictividad social inesperada. Primero en Perú, a través de la insurrección armada, luego en Bolivia a través de la inclusión social en los partidos que dieron origen al Movimiento AL socoismo (MAS), en tanto que en Chile y en Argentina, las acciones violentas se han ido incrementando sistemáticamente. En ambos países, la demanda de plurinacionalidad y autonomía territorial para un 10% de la población en Chile y un 1% en Argentina, ha escalado en los sistemas políticos

En este contexto, si a un europeo intentamos explicarle estos asuntos, preguntará lo que todos seguramente pensamos: ¿Cómo? Si por fin se habían acabado los gobiernos militares o cívico militar y además tenían un decálogo sobre cómo operar en materia económica, no se hizo lo correcto.
La respuesta la podemos apreciar en las olas y contraolas. A la instalación de las nociones expuestas, secuencialmente, se produjeron pugnas de poder en los países. Estas tensiones no permitieron consolidar los procesos de cambio. No al menos en todos los países, y tampoco en función de los urgentes requerimientos de poblaciones que crecían demográficamente de forma acelerada.

¿En qué ciclo vamos?

De la ola reformista (fines de los 90), pasamos a la radical (2000-2010), de la radical a la derecha institucional (2010- 2019, salvo en Argentina con el peronismo de los Kitchner) y de la derecha institucional a la izquierda refundacional (esto es visible particularmente en Perú). Pero esto es general. Si vamos viendo gobierno con gobierno, vemos sus correlatos o con las miradas brasileras, o los referentes de Correa y Maduro en Venezuela.

¿Qué es lo que viene ahora? Una vuelta a la moderación, porque estamos muy agotados de la violencia, el cuestionarlo todo a toda hora, el catalogar de fascista, derechista, radical, comunista, socialista, feminista, medioambientalista, etc. El rebote de las últimas elecciones en los cuatro países muestra una contraola de diversa magnitud. Tímida en Perú, una fase de alta tensión estancada en Bolivia, una contraola de moderación en Argentina y sin duda, también en Chile. Solo así se explica que el 80% de los votos del apruebo en la elección de mayo para sustituir la Constitución de 1980 chilena, se convirtiera en un empate perfecto en el Senado entre oficialismo y oposición y 5/5 en la Cámara de Diputados. Porque es verdad el 21 de noviembre ganó la derecha.

La gobernabilidad es un bien público que merece atención porque afecta todo el resto del sistema democrático.

El funcionamiento de los países en los años de pandemia.

El ciclo de cambio y de ruptura con el establishment en la región ha concluido con las recientes elecciones de medio tiempo en Argentina, las presidenciales de Bolivia, Perú y Chile. Los añorados vientos de cambio empeñados por la izquierda más radical de todos estos países experimentan este 2021, un desmoronamiento progresivo e ininterrumpido respecto de las demandas sociales. Los casos más complejos en este grupo de países están en Bolivia y en Argentina.

En la lógica de pedir, demandar mayor atención del Estado, y de las clases gobernantes, la protesta social y la falta de respuestas contundentes ha encontrado en el voto popular un mecanismo de aterrizaje de los relatos inconducentes de las últimas dos décadas. No es el único mecanismo. Hay que decirlo.

Estos cuatro países, corren hoy el riesgo de convertirse en democracias iliberales o en países con gobiernos populistas de facto. Sin embargo, a través del voto están expresando, que necesitan cambios, pero cambios con orden y estabilidad. El desborde de los grupos más radicales en estos 4 casos, no se detendrá en las calles posiblemente, pero sí tendrá un freno en las urnas. Y, desde el sur, permítanme que se los avise, olvidemos que los militares volverán. No hay posibilidad ninguna que se inmolen con los costos que han debido pagar en estos países: bien convertirse en actores serviles a presidentes (Evo Morales, Cristina Fernández) o ser catalogados como poderes de facto. (Michelle Bachelet 2)

En el caso de Argentina, en las últimas elecciones de medio tiempo que establece el sistema político argentino, el voto peronista mermó en 5 millones de votos desde la elección de Alberto Fernández en 2020 a las elecciones de 2021. Este es un sacudón potente al oficialismo. El reflejo de esta situación puede verse en la composición parlamentaria. Es así como el desajuste estructural tras la salida de Macri se encontró con la ferocidad de una pandemia que se ha llevado 200 mil personas.

“Una ola amarilla volvió a teñir la Argentina. Juntos se impuso con autoridad en casi todo el país: sus listas de diputados nacionales ganaron en 15 provincias. La oposición se impuso de norte a sur, de Jujuy a Tierra del Fuego. Una victorial electoral que incluye a los cinco distritos más poblados del país: la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.[1]

Sin embargo, también vemos un nuevo fenómeno. El futuro de la gobernabilidad lo detentarán los bloques provinciales, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. “Los legisladores articulados por gobernadores clave (Río Negro, Misiones, Córdoba, por mencionar algunos) serán los más tentados por oficialistas y por opositores para avanzar o bloquear las respectivas agendas legislativas”.

En Chile en las recientes elecciones presidenciales de noviembre de 2021, donde prácticamente se produce un empate técnico en el Senado y una reversa total de la votación del proceso constituyente anterior, la situación es un poco más aliviada en relación a la pandemia, pero es angustiosa en la macro zona sur, por causa de la guerrilla mapuche. No son todos los mapuches, hemos de aclararlo. De acuerdo a datos extraoficiales, se trata de un grupo armado que lleva una extensa temporada desde hace ya una década incendiando camiones, escuelas, iglesias, casas y últimamente se ha cobrado víctimas civiles en la VIII y IX región.

Es justamente en la reciente elección de noviembre donde hemos visto la contraola. El nuevo Senado refleja el descontento hacia los sectores que hacía nada pedían cambios radicales en la conducción del Estado, pero que, en rigor, adoptaron prácticas políticas viciosas que deslegitimaron sus críticas frente al Estado en meses. En tanto, en la cámara de diputados reina la fractura. Igual que en Argentina. El blandir de la limpieza moral de la Lista del Pueblo (nuevo grupo político antisistema) o una campaña electoral “trucha” de una candidata a senadora, así como el discurso que la nueva ola política tenía una legitimidad por su falta de vicios, no resistió la prueba de la blancura. El caso de Chile ofrece mayores incertezas, no solo por los efectos de la rebelión del 2019 que costó U$ 750 millones por daños a la infraestructura pública y otros U$ 380 millones por los ataques e incendios en estaciones de metro. Sin embargo, el mayor costo, radica en la ruptura político social.

Esta última reflexión también le pertenece al casi medio millón de personas que entró en zona de pobreza producto del desempleo o la ruina de sus negocios y medio millón más, que entró derechamente en la extrema pobreza[1].  Y he aquí una similitud con Argentina. En el caso chileno, también perteneció a las provincias el remezón causado por un frente, el Partido de la Gente, el que se ubicó como ganador en la zona cuprífera norte del país. Una contraola, que, si se quiere, demuestra la existencia una corriente disruptiva en el sistema, que ya tiene representación parlamentaria.

En el caso del Perú, la situación de malestar, tras una seguidilla de gobiernos que se desmoronaron en reiteradas ocasiones producto de la corrupción, terminó trágicamente con el suicidio de uno de ellos: Alan García. Pero no es solo el caso Lava Jato. Acusados de toda clase de malversaciones, uso indebido de caudales públicos, desde la presidencia de Toledo a la de Vizcarra, no hay presidente peruano que esté descansando en su casa, sino en la cárcel. La petición del Congreso peruano la semana pasada de dejar el cargo de presidente vacante en Perú es la advertencia final a un gobierno popular/ populista que en 4 meses no ha logrado siquiera iniciar su gobierno. Y de salir Castillo de la presidencia, ¿cree alguien que el próximo presidente electo va a ser un político de izquierda?

Dejamos a Bolivia para el final, porque tal como se expresa en las cifras, se trata del país más debilitado tras 14 años de gobierno de partido único prácticamente y del que menos se habla en el exterior. El dramatismo boliviano, ha cobrado vida en el fraude electoral de 2019, hecho que ha sido reconocido por la OEA y la Unión Europea, y se ha empecinado con la huida de Evo Morales precisamente a México, donde AMLO lo cobijó por largos meses. Tanto la huida de Morales, como su solicitud de refugio en Buenos Aires, a cargo en los primeros meses del gobierno de Fernández, solo trajeron pesar para México y Argentina. Donde Evo pisó, Evo la complicó. La reciente declaración de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú este 22 de noviembre en

la que declara persona no grata al ex mandatario y pide al Perú evitar su ingreso, es la señal más lamentable del activismo político “en claro perjuicio de los intereses del pueblo peruano”. Qué duda cabe que el hecho no solo es inédito, sino impensable entre dos países que forman parte de la Comunidad Andina y comparten una enorme cantidad de lazos políticos y culturales.

En Bolivia converge la violencia en forma sistémica y más recientemente, un llamado a la federalización del Estado.

Dejando como excepcional el año 2019-2020 de Jeanine Añez, su gobierno no logró detener la inercia de la izquierda. Parapetada en México, Venezuela y Cuba, la clase política vinculada al MAS retornó desde el exilio a cobrar con creces la renuncia de Evo Morales. La pugna por el poder ha encarnado en Bolivia lo peor de la política, asociando la pérdida del Estado de Derecho. Cuestión, que hemos de admitir, la región toda ha visto sin siquiera conmoverse ni por la prisión preventiva sin prueba alguna de la Ex presidenta Añez, pero también de casi una centena de políticos que como en los peores años de las dictaduras militares están hoy en el exilio. En consecuencia, el federalismo es expresión de un hastío en el Oriente (Santa Cruz y Tarija), pero también una repulsa de la occidental Potosí), una narco republiqueta en la zona de Cochabamba, epicentro del evismo en las federaciones de cocaleros. A lo anterior, hay que sumar que el presidente Luis Arce, en menor medida que Luis Castillo de Perú, tampoco ha logrado echar a andar la recuperación económica del país. Por ello, la federalización del país emerge como la salida legítima de las regiones. Esta última cuestión, que de por sí representa un cambio total en un Estado unitario latinoamericano desde la Emancipación, ha pasado desapercibida. Bolivia, no llega a esto por buscar el mejor manejo de los recursos, sino porque concluye que es necesaria una modificación estructural del Estado. La reacción federalista sería así expresión del temor de los departamentos bolivianos ante el avallasamiento de las tierras de cultivo y los parques naturales; en el caso de Potosí de la ausencia de Estado.

Para quienes hemos visto de cerca el proceso, la verdadera plaga del país, el narcotráfico, se enquista cada día más en el sector público, corrompe y adultera el fin último de la democracia: el bienestar de las comunidades indígenas, que, institucionalizadas a través de la constitución, ven delante de sus ojos la quema de sus tierras y el asentamiento de cultivo de coca excedentaria para la fabricación de cocaína. Si alguien pensó que poner la plurinacionalidad en la constitución serviría de algo en Bolivia, la verdad es contradictoriamente la opuesta. La aymarización del oriente boliviano, de la mano del partido de gobierno, es un desastre antrópico de proporciones para las comunidades chiquitanas, guaraníes, mojeña o guaraya. Denunciarlo es un deber.

Conclusiones. Y de los temas importantes, ¿qué?

La procrastinación es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables. Y vaya que llevamos décadas postergando esto. Literalmente, desde el término de la Guerra Fría que venimos tratando de no ocuparnos de lo difícil.

Sin embargo, hoy, el tema nos encontró en un escenario muy distinto. Hace 30 años no había el impacto del cambio climático, y Venezuela, era un país viable. A estos dos elementos, debemos sumarle el narcotráfico y sus rutas que degradan todos los sistemas: políticos, económicos y sociales.

¿A qué le hemos sacado el bulto o el cuerpo?

1- Si algo han demostrado el manejo de la pandemia y las crisis sociales, es que el sistema político no ha estado a la altura de resolver los problemas. Lentitud, falta de acuerdos y cuestionamientos a la propia institucionalidad derivan en críticas severas y paralizantes en todos los países. ¿En qué medida puede esperarse una superación a los temas sectoriales urgentes con la crisis del sistema político que atraviesan los Estados?

2- A resolver la matriz productiva. Latinoamérica debe elegir si es que va a seguir produciendo solo commodities o finalmente emprenderá la ruta de la industrialización. Dejarle esto a la suerte de las inversiones chinas es lo que se ha venido haciendo en toda América Latina. La rapacidad de seguir este modelo, será la africanización de todo el continente.

3.- ¿Qué va a pasar con I+D+I (Investigación, desarrollo e innovación)? ¿Vamos a seguir usufructuando de la ciencia del primer mundo o haremos lo propio a nuestra escala? Ese salto es fundamental para crecer y en la actualidad ya no podemos culpar a las transnacionales porque el manejo financiero permite la creación de “unicornios” propios.

4.- ¿Cómo vamos a enfrentar la pobreza, la falta de agua y el hambre? Cierto que la migración venezolana es tremenda, pero la migración climática de vastas zonas en sequía, por erosión de la tierra, por riesgos costeros ante la subida de las aguas de los océanos ya llegó. En el Caribe ha habido un aumento de las grandes tormentas. En el área del Pacífico Sur, no hay lluvias, pero sí largos períodos de marejadas en el borde costero, borde que más temprano que tarde deberá analizar qué hace con las instalaciones portuarias. Y la sequía, ¿vamos a seguir llorando por la falta de lluvias? La escasez hídrica llegó para quedarse. Con la tecnología existente, sí se puede emprender otro camino. 

5.- ¿Van o no a ocuparse los gobiernos de la seguridad humana de forma integral? Recordemos que en México el año 2003 se empezó justamente a hablar de este tipo de seguridad. ¿Cuánto se ha avanzado efectivamente en esto? Poco.

6.- ¿Qué van a hacer los países con la migración? La pandemia colapsó a Venezuela, pero no nos engañemos, la migración es un fenómeno obvio en un contexto incierto.

7.- Y lo más urgente, como continente, ¿vamos o no a hacer algo de manera integral contra el crimen organizado?

8.- En materia de descentralización ¿Qué rol pueden asumir las regiones? ¿Lo pensaron ya o están esperando las indicaciones desde Santiago, Buenos Aires, Lima o La Paz? Está claro que en Bolivia van más adelantados, lo que no quiere decir que sean más asertivos.

9.- ¿Cómo vamos en materia de cumplimiento de los ODS 2030? Sí, claro, porque no es que vivamos solos en el planeta Tierra. ¿Qué están haciendo los países para ajustar sus agendas en materia de desarrollo sostenible?

La pandemia ha actuado como marejada. La desafección por la democracia se ha agudizado contra la izquierda o contra la derecha en todos los países. Un intenso ciclo electoral de los países de América Latina va a seguir moviendo las agujas del poder. Tal como están las cosas, los equilibrios regionales dependen de la segunda vuelta en Chile. Pero no nos engañemos: el trabajo difícil está pendiente. No se trata morigerar el discurso. Para zafar de la violencia y el cansancio, se trata de responder en serio a los desafíos. Ya no podemos seguir con el cuento de que “no vimos venir la ola”. 

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